Comunicado de Prensa en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Cada 13 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado esta fecha, a fin de sensibilizar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos.

En este marco, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR) y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos en Centroamérica (CRGR) exigimos al Estado salvadoreño acciones concretas para hacer frente a los distintos riesgos y vulnerabilidades del país.

En el caso de El Salvador es urgente la aplicación de estas acciones, ya que el 88.7% del territorio se considera zona de riesgo y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población.

Como Sociedad Civil con trabajo en el tema de la Gestión Integral de Riesgos nos preocupa que instituciones gubernamentales estratégicas como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Dirección General de Protección Civil presenten recortes en la propuesta de presupuesto del gobierno para 2020.

El MARN presenta una reducción de $3.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 20.5% con respecto a 2019. Asimismo, de las 11 unidades presupuestarias de esta cartera de Estado la disminución se da en 2:

En la Dirección General de Protección Civil, si bien es cierto la disminución es mínima y asciende al 2.6% ($-74,510) respecto al presupuesto de 2019, refleja que no hay una apuesta para su fortalecimiento de cara a las emergencias que se presentan en nuestro país (sismos, lluvias, entre otras).

Cabe destacar que el Cambio Climático es otra amenaza que agrava los riesgos ya existentes en el país, como son las erupciones volcánicas terremotos, deslizamientos, cuya vulnerabilidad del territorio es producida por el modelo de desarrollo y afecta directamente a mujeres, niñas, niños personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Por este motivo, en la lógica de entender que las las amenazas son de diversa naturaleza y en la búsqueda de la reducción de los riesgos y las vulnerabilidades, la MPGR y la CRGR participaron en el Encuentro Regional del Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida, donde se desarrolló un planteamiento hacia la Pre Cop 25 desarrollada en San José, Costa Rica, entre las demandas planteadas se encuentran:

• Exigencia a los Estados responsables de la crisis climática y a la comunidad internacional, que asuman su responsabilidad de financiar la adaptación de los países en vías de desarrollo,
• Que los estados establezcan mecanismos para el resarcimiento de las poblaciones afectadas y que de manera urgente reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.
• Asimismo, se reclama a los Estados de la región, el diseño e implementación de políticas consecuentes con la problemática del corredor seco, partiendo del entendimiento de sus nuevas dinámicas y con el sentido de urgencia que se requiere.

Ante esta situación la MPGR y la CRGR como parte de la Sociedad Civil organizada planteamos las siguientes demandas al Estado salvadoreño, enfocadas a la atención de las diferentes situaciones de riesgo de desastres:

Al gobierno:

• Compromiso de retomar la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, la cual fue presentada oficialmente por el gobierno anterior el 22 de marzo de este año.
• Generar estrategias para garantizar como derechos humanos fundamentales la vida, la alimentación y el agua de la población, especialmente de los sectores en mayor condición de vulnerabilidad como las mujeres, la niñez y las personas adultas mayores y personas con discapacidad.
• Detener los megaproyectos urbanísticos, comerciales e industriales que se asientan en territorios de máxima recarga acuífera y ponen en alto riesgo la prioridad del derecho humano al agua.
• Asignar el Presupuesto necesario a las carteras de Estado como MARN y Protección Civil, para enfrentar con mayor efectividad las diferentes emergencias que enfrenta el país.
• Detener todo tipo de acción de expansión de monocultivos, especialmente la caña de azúcar, por los múltiples y graves impactos al ambiente y a la vida de la población.

A la Asamblea Legislativa:

• La pronta aprobación de una Ley General de Aguas con Rectoría Pública por ser un bien y derecho público; con ámbito de la Ley basada en Cuencas y Micro cuencas, con participación ciudadana en Comités de Cuenca, debidamente legalizados y reconocidos.
• Aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional porque estamos en riesgo de sufrir escasez de alimentos, debido a los impactos de la sequía.

¡Un pueblo que evita riesgos… Previene muchos desastres!

¡De lo local a lo global trabajamos por una Centroamérica Resiliente!