CRGR | El Salvador | 15 de enero 2019.-
En el marco del aniversario de los terremotos del 13 de enero y 13 febrero de 2001, la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos de Centroamérica brindaron una conferencia de prensa, el pasado lunes 14 de enero de 2019, para hacer un análisis del impacto de los fenómenos que afectaron el país hace 18 años.
En ese contexto se demandó la implementación de normativas enfocadas en la prevención que reduzcan el impacto social y humano ante los desastres y en el caso de El Salvador se oficialice la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, con enfoque de Gestión Integral de Riesgos.
En esta fecha, se recuerda a los cientos de víctimas de estas tragedias que dejaron un profundo luto en el país, en este contexto la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador, MPGR, y la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos en Centroamérica, CRGR, se solidarizan con las familias que perdieron a un ser querido y reafirman su compromiso de lucha porque en el país y la región se fortalezca el tema de la prevención, que contribuya a disminuir el impacto social y humano ante los desastres.
Los sismos del 13 de enero y 13 de febrero de 2001 provocaron 1,259 muertes, solo el del 13 de enero dejó 944 personas fallecidas después que el territorio nacional sufriera aquel movimiento telúrico de magnitud 7.6 grados. Los 45 segundos del terremoto destruyeron 108,261 viviendas y dejaron un millón 364 mil 160 personas damnificadas a nivel nacional, asimismo según la CEPAL los daños y pérdidas se estimaron en 1,255.4 millones de dólares.
El gran San Salvador sigue siendo el punto de mayor concentración poblacional y donde la falta de planificación y ordenamiento lo convierte en un lugar de alto riesgo, ahora mayor que en 2001, por tanto urgen planes de contingencia que minimicen el riesgo y la vulnerabilidad.
Por otra parte, la CEPAL estimó las pérdidas económicas de ambos terremotos en 12% del Producto Interno Bruto (PIB), las cuales dejaron en evidencia la vulnerabilidad de nuestro territorio y de las familias más pobres, quienes sufrieron un nuevo revés cuando buena parte de la ayuda para atender la emergencia fue a parar a las cuentas del partido ARENA. Por lo anterior como Sociedad Civil pedimos no olvidar dichos actos de corrupción y exigimos a los responsables de los mismos responder por ese delito.
Asimismo como CRGR y MPGR reiteran el llamado a contar con normativas para hacer frente a este tipo de emergencias y no esperar a que un nuevo fenómeno de gran impacto nos afecte para actuar, tomando en cuenta el diseño de estrategias y acciones enfocadas a la prevención y protección de las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad como la niñez, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Ante esta situación la MPGR y la CRGR plantean las siguientes demandas:
a) El Ejecutivo debe oficializar y socializar, lo más pronto posible, la Política Nacional de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Mitigación de Desastres, con enfoque de Gestión Integral de Riesgos. Dicha Política fue aprobada por la Comisión Nacional de Protección Civil el 19 de diciembre de 2017, en ella se recogen insumos de la propuesta trabajada por la Sociedad Civil.
No podemos olvidar que a nivel de Centroamérica El Salvador es el único país que no cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgos, en ese sentido la implementación de esta normativa significa la oportunidad de la preparación, rehabilitación y recuperación de la población salvadoreña ante los desastres.
b) En este contexto electoral, como Sociedad Civil hacemos el llamado a las fórmulas presidenciales de los distintos partidos políticos, convocadas a las elecciones del próximo 3 de febrero, a asumir un verdadero compromiso en el tema de la Gestión Integral de Riesgos, con el fin de construir en nuestro país una cultura enfocada en la reducción de riesgo de desastres, con enfoque inclusivo.