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La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos -CRGR- respalda el planteamiento hecho por Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos -COCIGER- Mesa Nacional para la Gestión de Riesgos de Guatemala y miembro activo de la CRGR, respecto a la modificación de la ley propuesta por el presidente Jimmy Morales que pretende eliminar a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED- y crear una nueva institución denominada Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos para la Reducción de Desastres -SINAGRID-
Esta iniciativa contradice el espíritu de los acuerdos del Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y elimina el espíritu de consenso bajo la cual fue construida la iniciativa de ley trabajada por el sector de la Sociedad Civil entre ellos la COCIGER e instituciones públicas como la CONRED.
Este consenso, rescata la esencia de una acción humanitaria con perspectiva de género que nos invita hacer una gestión más incluyente en los principios y acciones de una gestión integral de riesgos en Centroamérica.
Por tanto respaldamos el posicionamiento de la COCIGER que indica:
Las organizaciones integrantes de la Convergencia Ciudadana para la Gestión del Riesgo -COCIGER- hacemos mención que la actual iniciativa de Ley que pretende eliminar a la CONRED y dejar bajo la dirección del Ministerio de la Defensa una nueva institución llamada Sistema Nacional para la Gestión de Riesgos para la Reducción de Desastres -SINAGRID-por medio de la creación de un Consejo Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres -CONAGRID-, la cual ha sido presentada por el Presidente Jimmy Morales, NO es la propuesta de reforma a Ley que fue consensuada y trabajada con la sociedad civil a través de diferentes consultas territoriales realizadas en más de 15 departamentos de Guatemala.
La iniciativa de ley 5543 presentada por el Presidente, fue construida por la misma CONRED y otros sectores de su interés, dicha iniciativa no recoge los aportes que la sociedad civil propuestos durante un año de trabajo, discusión y consensos. Esta iniciativa en su esencia está regresando a la atención emergencista y excluye totalmente la participación de la sociedad civil, pueblos indígenas, universidades y otros actores.
Por lo anterior expuesto, manifestamos que, como parte de la sociedad civil, estaremos atentos y vigilantes de este proceso, rechazamos esta iniciativa ya que necesitamos una legislación que responda a los intereses de la población más vulnerable en los territorios, de tal forma que podamos ser un país resiliente.
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