Ante la realidad de una región altamente vulnerable a los impactos negativos del cambio climático, que se ve afectada por huracanes, sequías prologadas, inundaciones, así como por el derretimiento de glaciares y la propagación de enfermedades como el dengue, que son cada vez más frecuentes y ponen en riesgo la salud y seguridad de las personas, así como de muchas especies que están desapareciendo a un ritmo muy acelerado.
Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) en colaboración con la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR) de Centroamérica presentaron un informe sobre “Análisis del Financiamiento Climático Internacional en América Latina y el Caribe, desde un enfoque de Justicia Climática y Financiera” el pasado 30 de junio de 2020 en el marco del primer seminario virtual, correspondiente a tres conversatorios, enmarcados en la iniciativa “Justicia climática para un futuro sostenible en América Latina y el Caribe”.
El Seminario Virtual: “financiamiento climático internacional en América latina y el caribe desde una perspectiva de justicia ambiental” se llevó acabo con el fin de generar una discusión sobre la necesidad de atender la crisis climática oportunamente, a pesar de estar enfrentando un contexto de crisis múltiple, analizando retos y oportunidades relacionados a la movilización de financiamiento climático internacional, desde un enfoque de justicia climática y financiera.
Para cumplir con el propósito y desarrollo del seminario, se contó con la participación de panelistas de las siguientes entidades: Patricia Miranda, Carola Mejía de Latindadd, Rubén Quintanilla de la CRGR y Leia Achampong de Eurodad- the European Network on Debt and Development.
Este seminario inició brindando una mirada general sobre la problemática del cambio climático en la región latinoamericana, en un contexto de crisis múltiple, a través de Patricia Miranda directora de incidencia global de Latindadd, quien afirmó que es importante y crucial vincular con mayor énfasis y con mayor fuerza la justicia económica con la justicia climática.
“Queremos impulsar políticas sostenibles que nos lleven a una sostenibilidad no solamente fiscal sino a una sostenibilidad social y de la vida” manifestó Patricia Miranda.
Posteriormente, para aportar al debate y a la construcción de ideas, se presentó el informe: “Análisis del Financiamiento Climático Internacional en América Latina y el Caribe, desde un enfoque de Justicia Climática y Financiera”, a través de Carola Mejía, investigadora de Latindad.
Este documento plantea la situación actual del financiamiento climático en América Latina, los desafíos, recomendaciones y hace un llamado a los distintos actores regionales y globales, a implementar políticas más ambiciosas por un futuro justo, sostenible y a la gestión de una mayor canalización de fondos de parte de países desarrollados.
“En el marco de la arquitectura financiera global, se debe promover el uso de instrumentos y mecanismos que no incrementen los actuales niveles de deuda de los países en desarrollo, por ejemplo donaciones, más uso de fondos climáticos o el uso de recursos provenientes de la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) que anuncio la FMI, que podrían destinarse a la atención del cambio climático” Según Carola Mejía.
Para el caso particular de la región Centroamericana, Rubén Quintanilla representante del equipo de coordinación de la CRGR compartió sobre la “crisis climática y crisis de la deuda pública de Centroamérica”
“La Concertación Regional para la Gestión del Riesgo (CRGR) considera urgente y necesario que haya una reestructuración de los mecanismos de acceso a la deuda pública por parte de los países que se encuentran en esta condición, de tal forma que se mejore las reglas del juego en la designación de los fondos de Derecho Especiales de Giro (DEG) y se aumenten los fondos no reembolsables que permitan a los países en desarrollo obtener mayor liquidez para hacer frente a la actual crisis climática, así como atender la deuda, sin que ella esté condicionada a medidas de ajuste en el gasto público y cambios en las políticas fiscales que afecten la disminución de los medios de vida de la población” mencionó Rubén Quintanilla.
Asimismo, recalcó que es clave mejorar los mecanismos de transparencia en la gestión pública, la distribución de los fondos públicos y la deuda pública, fortaleciendo la auditoria social y la institucionalidad sobre el acceso a la información, evitando el mal uso de los recursos públicos y la corrupción, que en la región ha sido un tema muy cuestionado junto a la violación de los derechos humanos, sobre todo en las políticas públicas implementadas para la atención a la pandemia del COVID-19.
Para finalizar, Leia Achampong, oficial superior de políticas e incidencia en temas de finanzas climáticas en Eurodad brindó reflexiones sobre la relevancia de los hallazgos del reporte en el proceso rumbo a la COP26.
“Es importante reconocer que la COP26 no es un evento, es parte de un proceso que viene de un antecedente histórico, en el marco de quienes actualmente tienen responsabilidades históricas y políticas frente al fenómeno de cambio climático como un escenario importante del poder mundial que nos lleva a entender que hoy estamos frente la responsabilidad de un compromisos de la solidaridad mundial, pero también de un cumplimiento con las deudas históricas que cada uno de los países ha asumido en la medida que a adoptado modelos de desarrollo que comprometen al medio ambiente de una manera tan dramática” manifestó Leia Achampong.
Para concluir el seminario se invitó a la audiencia a participar de los próximos eventos virtuales:
Impactos del extractivismo: miércoles 14 de julio de 2021.
Derechos de la naturaleza y derechos humanos: martes 27 de julio de 2021
Ambos seminarios serán a las 9:00 am hora Centroamérica,.